A partir del próximo 1 de octubre todas las empresas españolas, sin excepción, estarán obligadas a facturar electrónicamente a las Administraciones Públicas, una exigencia que podría dejar en estado de indefensión a muchas pequeñas y medianas empresas.
¿Cuál es la razón? Una parte de las instituciones públicas no disponen actualmente de los sistemas necesarios para ofrecer este servicio de manera universal y, lo que es peor, muchos de los proyectos que las diferentes Administraciones han puesto en marcha son incompatibles entre sí.
-Administración: Envíeme la factura en formato electrónico…
-Empresa: Lo intento, pero no puedo…
-A: Pues no puedo satisfacer el pago…
-E: ¿se la envío en papel?
-A: no la acepto
Este diálogo, si no se encuentra el remedio, y los hay, puede ser muy habitual a partir del próximo 1 de octubre.
lunes, 14 de junio de 2010
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